Un breve análisis sobre la situación política de México

por Leandro Fontes

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En los últimos dos meses, acompañamos atentamente el proceso de ascenso y radicalización del movimiento de masas en México. Este brusco “incendio popular” tuvo su chispa en Iguala, ciudad ubicada en el estado de Guerrero. Lugar donde desaparecieron 43 estudiantes que cursaban en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los alumnos, conocidos como normalistas, además de los estudios preparatorios para la carrera de magisterio, se dedicaban a actividades culturales, sociales y políticas. La escuela tiene un régimen de internado y es conocida por ser un espacio de formación crítica. Este modelo de escuela gratuita surgió en México en los comienzos del siglo XX para atender a las demandas educacionales de las áreas más carentes del país. Si un alumno quiere ingresar a la escuela normal, el pre-requisito es tener bajos ingresos familiares y, además de este elemento, es necesario ser aprobado en una prueba concurso. El perfil mayoritario de los alumnos normalistas es: indígena, campesino o residente de barrios pobres. Por ser críticos y activos políticamente, en un lugar rodeado de grupos criminales, eventualmente los estudiantes normalistas terminan siendo perseguidos. En los últimos cinco años, antes de la masacre de Iguala, dos estudiantes fueron ejecutados y hay relatos de otros desaparecimientos en la región.

El desarrollo de la crisis. El día 26 de Septiembre, los normalistas se dirigían al municipio de Iguala, con la intención de conseguir recursos y transporte para garantizar una caravana estudiantil hacia la Ciudad de México, donde se realiza anualmente la tradicional marcha en repudio a la masacre de Tlatelolco (2 de Octubre de 1968), donde más de 300 estudiantes fueron asesinados por la policía durante una protesta contra la ocupación militar de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México). Los estudiantes de Ayotzinapa fueron sorprendidos a tiros por la policía local y por un grupo de pistoleros narcotraficantes. Después del tiroteo, los estudiantes fueron capturados por la policía municipal y, en seguida, entregados a los pistoleros. Las autoridades mexicanas intentaron sustentar algunas controversias para mezclar los hechos y opacar la barbarie. Pero, ninguna versión pública o disculpa oficial amortiguó la revuelta y la indignación del pueblo mexicano. Debido a la presión pública, de los familiares, de órganos internacionales (ONU y OEA) y principalmente de las manifestaciones, los diarios comenzaron a divulgar fragmentos de la investigación que comprobó la relación de “parcería” entre el gobierno local con el cartel (organización criminal) Guerreros Unidos. Los registros de la investigación criminal comprobaron que los normalistas, desde su entrada en Iguala, fueron seguidos por este grupo criminal que sirvió de apoyo armado a los policías. Esto es, oficiales de la policía y narcotraficantes operaron como un equipo bien coordinado para perseguir y masacrar los estudiantes.

Sin embargo, no es común que un grupo ciminal ejecute y oculte los cadáveres de 43 jóvenes estudiantes a cambio de nada. Evidentemente, tuvieron una orden superior dando señal verde para esta atrocidad. Los primeros sospechosos de la autoría intelectual de los asesinatos ya están presos, son ellos: el ex-intendente del municipio de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda. La pareja, que se encontraba prófuga, mantenía fuertes relaciones con el narcotráfico. Uno de los jefes de la milicia Guerreros Unidos, conocido como El Chuky, también es señalado como corresponsable del crimen. Y la lista de modo indirecto puede llegar a los pies del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Neto.

Según los relatos de las organizaciones UNÍOS y MORENA, desde el período del presidente Vicente Fox, los partidos políticos tradicionales, para garantizar a cualquier costo su mantenimiento en los poderes del Estado, gradualmente elaboraron acuerdos y se sometieron a relaciones falsas con grupos criminales, cuyo sustento pasa por el narcotráfico y extiende al control económico, social y político de territorios. Así como las milicias y el tráfico en Brasil, en México esos cárteles usan la violencia, la extorsión, los secuestros y los asesinatos para imponer sus intereses en algunas regiones del país, principalmente en los estados de Michoacán, Sinaloa y Guerrero.

El asesinato de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue la gota que rebalsó el vaso y devino en una grande marea de movilizaciones en los cuatro rincones de México y llegó con fuerza al Palacio Nacional, sede del gobierno nacional, en el Zócalo. La marcha convocada para el día 20 de Noviembre, fecha conmemorativa de la revolución de 1910, fue un marco que reunió aproximadamente medio millón de personas en la histórica Plaza de la Constitución. Numerosas actividades de solidaridad se desarrollaron en el mismo período, inclusive de carácter internacional en las calles y en las redes sociales. En pocos días, rutas y peajes fueron ocupados, numerosos “molinetazos” (pasar los molinetes del transporte público sin pagar) en los subterráneos fueron realizados, un estudio de la red Televisa fue ocupado, la intendencia de Iguala y la sede regional del PRI (partido del gobierno) fueron incendiadas. Las manifestaciones fueron obteniendo continuidad y musculatura con la suma de activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos y víctimas de la escalada de violencia que vive México. El movimiento de masas, de modo espontáneo, fue ganando confianza en sus propias fuerzas y colocó contra la pared a las autoridades del estado de Guerrero y al presidente Peña Neto, exigiendo justicia y solución para los profundos problemas sociales del país.

Se puede decir que México no va a ser el mismo después de esta rebelión. Así como en las jornadas de junio en Brasil, es visible el aumento del nivel de consciencia de parte importante de la población. El crecimiento de la lucha de clases y la crisis del régimen, hicieron que el parlamento mexicano, encabezado por los partidos PRI, PAN y PVEM, aprobase un decreto antimarchas maquillado y justificado por la defensa de la “movilidad universal”. Este decreto nada más es que un intento de intimidar las manifestaciones de masas que vienen aconteciendo regularmente en un espacio corto de tiempo. Además, el 1° de diciembre, “para contener la propagación de la llama”, el presidente Enrique Peña Neto anunció diez medidas referentes a seguridad pública del país. Sin embargo, estrictamente hablando, las medidas anunciadas no pasan de promesas de enmiendas constitucionales indicativas al combate al crimen organizado, a cambios de jurisdicción en marteria penal, aumento de efectivos policiales, y promesas de enfrentamiento a la corrupción. Todo indica que la vieja receta será repetida, promesas vacías por un lado y fuerte represión a las protestas por otro.

A pesar de eso, tenemos que aguardar un poco más la reacción de las masas sobre las promesas de Peña Neto. No obstante, en corto plazo, lo que podemos caracterizar es que la polarización entre las clases y la inestabilidad del gobierno va a seguir. De modo global, el cuadro del actual presidente es crítico. No solo por la aguda crisis política y por las dificultades económicas que pasa el país. También por razones de enfermedad (cancer) y por un escándalo moral envolviendo una lujosa mansión registrada con el nombre de la primera dama mexicana (Angélica Rivera, actriz de la red Televisa). La polémica mansión fue ofertada por el Grupo Higa, grupo que ganó la licitación para las principales obras de infraestructura del mandato de Peña Neto. O sea, un conflicto de intereses cristalinos que llegó al conocimiento del conjunto del pueblo. Todos estos elementos sumados, pesados y medidos, rebelan la crisis de representatividad y legitimidad del gobierno priista y el “Fuera Peña Neto” comienza a ganar musculatura en las manifestaciones.

Enrique Peña Neto es un político burgués profesional. Es miembro del PRI, partido que hegemonizó el poder en México por más de siete décadas, y viene de una familia de políticos que ocupan cargos en el poder ejecutivo desde 1914. Después de pasar por numerosos cargos dentro de su partido, Peña Neto fue elegido a diputado y en seguida a gobernador del Distrito Federal de México. En 2012 fue elegido presidente en el medio de fuertes indicios de fraude electoral por medio de la compra directa de votos, sobornos a las principales agencias de investigación de opinión y la utilización de grupos narcotraficantes en zonas electorales “corral” controladas por este poder paralelo a base de la coerción.

Volviendo a la situación política, evaluamos que todavia es prematuro afirmar categóricamente el futuro del gobierno de Peña Neto, pero la crisis hirió severamente el gobierno y el régimen político vigente. Hasta el mismo PRD (Partido de la Revolución Democrática), mayor fuerza de oposición en los marcos del órden, pasa por una grave crisis. Recientemente, Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940), fundador del PRD, anunció su ruptura con el partido. El tema de la crisis política es pautado abundantemente en los principales diarios y órganos de prensa del país. Algunos analistas políticos pautan la urgencia de una reforma política y otros llegan a sugerir abstractamente la refundación de la república mexicana.

Concretamente, los elementos objetivos de la crisis todavia no estan totalmente desarrollados y la burguesía mexicana, incluso con grietas, puede desencadenar una reacción. El punto fundamental es que el movimiento de masas pasó a la ofensiva, la clase dominante no tiene más el control total del régimen, la situación institucional no es estable y la condición económica no permite grandes concesiones materiales a las masas. El determinante es que parte significativa del pueblo mexicano, en especial la juventud, comprendió que la salida es colectiva y pasa necesariamente por las movilizaciones. Más aún, cabe destacar que, incluso sin mucha comprensión en sus primeros pasos, el movimiento de masas acerto en los objetivos. Es decir, los partidos del órden, las autoridades políticas de Guerrero y el presidente Peña Neto.

Consideramos, por lo tanto, que sectores de masas están dispuestos a luchar contra el gobierno y en el interior de este rico movimiento ascendente, la juventud tiene un papel protagonista, seguida por sectores populares radicalizados y sectores medios insatisfechos. El proceso sigue avanzando a cada marcha al Zócalo. El hecho objetivo, ignorado sólo por los escépticos, es que la burguesía no podrá seguir gobernando con la misma agresividad de antes. Mínimamente, el campo de los trabajadores y del pueblo deberá avanzar puestos en relación a los derechos humanos, la seguridad pública y a derechos democráticos. Esto puede ser lo mínimo, pero todavía no podemos prever científicamente el saldo final de esta jornada de luchas. No obstante, ningún proceso es lineal y es preciso reflexionar algunas lagunas de la rebelión mexicana. Hasta entonces la clase trabajadora organizada, dirigida por las centrales sindicales domesticadas por el gobierno, se posicionó de modo tímido y reactivo al proceso. Además, no existe una dirección, un partido o movimiento con un programa audaz que se proponga hacer el contrapunto al bloque burgués y  se presente como alternativa de poder. La conclusión inmediata es: con todas las debilidades e insuficiencias, falta un PSOL en México.

En el terreno organizativo, con profundo respeto a las organizaciones de la izquierda mexicana, en nuestro punto de vista, están distantes de ser un polo social y político atractivo, independiente, combativo, anti-capitalista y anti-imperialista. En diferentes niveles y matices, las corrientes de tradición trotskista de México están fragmentadas y poco insertas en el proceso vivo de las calles. De esa manera, reproducen viejas fórmulas que no dialogan cualitativamente con el movimiento de masas. El movimiento zapatista (EZLN – Ejército Zapatista de Liberación Nacional), por su parte, mantiene su orientación nacionalista de guerrilla rural y de autodefensa, priorizando el mantenimiento de las “zonas liberadas” (territorios ocupados de autogestión) en el sur del estado de Chiapas. El movimiento sigue sin tener relación con la lucha política nacional y en la práctica se abstiene de todo proceso. Ya el nuevo partido MORENA (Movimiento por la Regeneración Nacional), encabezado por el ex-candidato presidencial (en ese entonces por el PRD) y ex-gobernador del Distrito Federal, Andrés Manoel Lopez Obrador, es una alternativa reformista de izquierda que surgió con elementos superestructuralistas. Su formación atrajo grupos, lideranzas y militantes referenciados en el marxismo, pero el partido no se proclama socialista, y sí nacionalista progresivo. El régimen interno no permite derecho de tendencias y algunos de sus dirigentes mantienen relaciones con el Foro de São Paulo. MORENA, por lo tanto, nace como una reacción al proyecto de “alternancia” neoliberal del PRI-PAM, pero también como una alternativa electoral a centro-izquierda del PRD. Su apuesta es el desgaste político y moral del actual gobierno, su principal palabra de órden en los últimos dos meses se orientaba en la renuncia de Peña Neto y en la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Su acción está más vinculada con el movimiento de masas, pero su política referenciada en las elecciones se distancia de parte importante de la vanguardia del movimiento que defiende el Fuera Peña Neto y la convocatoria de una asamblea constituyente amplia, democrática y soberana.

Por último, es preciso referenciar el bravo pueblo mexicano. En cinco siglos enfrentó la corona española para liberarse de la esclavitud y conquistar su independencia. Después resistió al imperialismo expoliador norte-americano; en seguida, expulsó el ejército invasor francés. A inicios del siglo XX, 1910, la revolución mexicana de Zapata, Villa y Madero derrubó la dictadura de Porfirio Diaz. Ya a inicios de los años 90, con la introducción del NAFTA, la lucha pasó a la resistencia al salvaje proyecto neoliberal, responsable por millones de personas explotadas, desempleadas y con bajos salarios. En esta década, México ha servido de mercado manufacturero en alternativa al mercado asiático, pero la crisis económica capitalista en los E.E.U.U. afectó directamente este sector. De esa manera, una parte grande de trabajadores mexicanos fueron directamente perjudicados. O sea, no podemos comprender por completo lo que acontece en la lucha de clases de México, si no vinculamos mínimamente las condiciones básicas de la lucha nacional con la situación internacional. La masacre de los normalistas fue una chispa en un barril de pólvora. Pero el hecho es que México se viene arrastrando en una crisis económica y política. La base diaria del salario mínimo mexicano es de 67 pesos, lo que equivale a 15 reales en Brasil. No hay posibilidad de que una situación de este porte pueda perdurar de modo pacífico en un país tan desigual económicamente y segregado socialmente como México. En este contexto, estamos confiantes que el pueblo mexicano saldrá más fuerte de este proceso. Además, todavía sin mucha nitidez, apostamos que de las manifestaciones en las calles, de las asambleas populares y de los comités de lucha, pueda germinar una nueva herramienta política capaz de converger y organizar los indignados de la rebelión de todo México.

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